En el marco del “Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito» activistas, colectivas, organizaciones y defensoras de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar del estado de Oaxaca, hacemos un llamado a las autoridades e instituciones competentes, y a la sociedad en general, a visibilizar y priorizar en la agenda pública la atención del aborto libre, seguro, gratuito y expedito.

 A pesar de que en Oaxaca, el aborto es legal desde el 25 de septiembre de 2019, cuando la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado, reformó y adicionó diversos artículos[1] del Código Penal, despenalizando el aborto hasta antes de las doce semanas de gestación; y a pesar de las reformas al artículo 12 de la constitución del estado, y de la reforma a la Ley Estatal de Salud, el ejercicio del derecho al aborto para las mujeres y personas con capacidad de gestar, continúa sin ser garantizado, al no contarse con políticas públicas, presupuestos, ni personal capacitado en todas la regiones del estado.

Oaxaca falló. Alejandro Murat cierra un sexenio plagado de prácticas patriarcales que dejan en la mesa una asignatura pendiente para el gobierno entrante.  Exigimos que Oaxaca se ponga a la vanguardia para garantizar la autonomía en nuestras cuerpas, en nuestro proyecto de vida y en tener a la mano los métodos anticonceptivos necesarios para el ejercicio libre e informado de nuestra sexualidad, sin cargas morales sino desde una lógica de ejercicio de derechos.  

Hacemos un llamado al nuevo gobierno a asumir como prioridad la salud sexual y reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Urge una politica de estado que permita acceder a servicios integrales de interrupción del embarazo, poniendo especial atención en los casos de violencia sexual, pues representa una urgencia médica y debe ser atendida como tal. Para ello es importante retomar las reformas en materia constitucional respecto a la no objeción de conciencia, que garanticen brindar atención pertinente, considerando la diversidad sexual, identitaria, étnica y lingüística del estado. 

Urgimos a la LXV Legislatura para que se asigne y apruebe presupuesto suficiente que haga viable que las mujeres decidan de manera autónoma sobre su proyecto de vida, garantizando los suministros para hacer efectivo su derecho a decidir.

Recordamos la relevancia de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hace un año declaró inconstitucional la criminalización del aborto, y reconocemos la importantísima labor que mujeres, disidencias, colectivas, y médicas aliadas realizan para acompañar a quienes abortan. 

A la sociedad en general, hacemos un llamado a la reflexión colectiva, teniendo claro que se trata de un tema de salud y justicia social, pues como mujeres y personas con capacidad de gestar tenemos el derecho a acceder a este servicio en condiciones dignas, en un estado laico y de derecho.

¡No estamos de acuerdo en permitir que nuestros cuerpos sean usados para reproducir el sistema que nos oprime y nos margina!